Ensayo mío publicado en el En Rojo – Suplemento de el periódico Claridad – Este suplemento – editado por mí – fue dedicado a la comunidad Queer en Puerto Rico – Edición 24 al 30 de Junio 2010 – Portada del suplemento incluida al Final del artículo

Durmiendo con el enemigo

Puerto Rico tiene una ley de crímenes de odio desde el 2002 y su aprobación lamentablemente contó con el apoyo de, entre otros, grupos y miembros de las comunidades LGBT. Como miembro de esas comunidades, siempre me he opuesto a los estatutos de crímenes de odio por entender que es una manera del Estado despachar un problema que debería atender con educación e iniciativas que promuevan la igualdad de las comunidades LGBT, además de que este tipo de legislación es resultado de un movimiento de derecha que sólo busca recortar los derechos de los acusados.

Las legislaciones de crímenes de odio contra las comunidades LGBT permiten a políticos y civiles hipócritas expresar públicamente su “pena y conmiseración” con nosotros con un lado de la boca, mientras con el otro se siguen oponiendo a currículos de educación inclusivos, derechos y reconocimiento a nuestras familias, protecciones de discriminación en el empleo y la salud, adopción de niñas y niños por parejas del mismo sexo. Todas esas medidas de seguro sí tendrían efecto en crear una sociedad más justa y menos violenta para todos.

A eso se suma que el movimiento de “derechos de víctimas” que es el frente político que actualmente auspicia este tipo de legislación, es realmente parte de un movimiento conservador y ha sido visto con sospecha por el movimiento de derechos civiles, que irónicamente fue el que comenzó la campaña contra los crímenes de odio. Activistas de Derechos Civiles en Estados Unidos ven ahora al movimiento de derechos de víctimas como una amenaza cuyo foco, a partir de la presidencia de Nixon, está dirigido a socavar los derechos de los acusados que con tanto trabajo se consiguieron durante la corte suprema de Warren. Ambos movimientos tienen posiciones opuestas en asuntos como la pena de muerte, la guerra contra las drogas y las guías de sentencia criminal federales.

Cada vez que me expreso en contra de las legislaciones de crímenes de odio, mucha gente de las comunidades LGBT se queda perpleja y molesta por mi posición. El hecho es que yo también me quedo sorprendido de cuán sólido es el discurso de apoyo a este tipo de estatuto, especialmente cuando aparentemente nunca ha habido en la Isla una seria discusión al respecto. Sólo hubo un cabildeo ciego y repetitivo que me recuerda el clima de desinformación que prevaleció durante la época en que a Puerto Rico se le vendió la “mano dura” del entonces gobernador Pedro Rosselló.

En realidad, el único beneficio que le reconozco a este tipo de legislación es que al lograr que se pase y cada vez que se enacta, algunas organizaciones y activistas ganan “capital político”, se ha convertido en una prueba un tour de force en el que muchos candidatos políticos se han montado.

Permítanme esbozar otras razones para oponerme:
• Las legislaciones de crímenes de odio no tienen afecto alguno sobre la incidencia criminal. Ni los grupos LGBT en Estados Unidos, ni el Homeland Security, ni el FBI, ni los proyectos antiviolencia que abundan en EUA han podido producir un solo reporte que diga que este tipo de legislación resulta en una reducción de la incidencia criminal. Esto no debe sorprendernos, es el mismo resultado que obtuvimos con la “mano dura” de Rosselló y con las desgraciadas leyes anti drogas Rockefeller.

• Este tipo de estatuto es resultado de la cooptación de los esfuerzos de grupos de derechos de víctimas, que irónicamente comenzaron en respuesta a las atrocidades cometidas por el mismo Departamento de Justicia al que ahora se someten. El término crímenes de odio se acuña precisamente como respuesta necesaria a la íntima relación que existía entre los perpetradores de crímenes de odio y el Departamento de Justicia y su policía en EU. Históricamente, líderes del Klu Klux Klan eran a su vez sheriffs, fiscales y jueces que, en funciones oficiales o no, condonaron, exhortaron o simplemente ignoraron por mucho tiempo crímenes de odio principalmente contra negros, pero a lo largo de los tiempos contra inmigrantes, contra judíos y contra homosexuales. Aun cuando los perpetradores se trajeran a corte, los fiscales y jueces minimizaban sus crímenes y en los pocos casos que se emitían condenas, las mismas eran benévolas. Respecto a homosexuales en Puerto Rico, yo recuerdo cuán difícil era lograr que al menos se escribiera una querella en casos de robo o agresión contra homosexuales. Era altísimo el riesgo de recibir una bofetá o patada cuando se acudía a un cuartel a radicar una querella. En los casos de asesinato, la actitud de la policía sigue siendo hoy la misma: se presume que de alguna forma “se lo buscaron ellos mismos”.

• Esta clase de legislación responde al mismo tipo de mentalidad que abrazó los esfuerzos de la “mano dura”, promoviendo venganza en vez de justicia. Esto, a su vez, nos distrae del esfuerzo que verdaderamente necesitamos hacer: exigir al Estado que tome verdaderas medidas para reducir la incidencia de violencia a nivel nacional. Esto incluye elevar los niveles de salud mental del pueblo, mejorar la situación económica y promover educación a todos los niveles escolares. Enviar a individuos a la cárcel 20 años adicionales es absolver al Estado de atender las verdaderas causas de la violencia en este país. Es realmente poner una curita en la piel sin prestar atención el cáncer que hay debajo.

• Con este tipo de estatuto, se intenta separar la incidencia de asesinatos contra personas LGBT de la violencia que se vive en Puerto Rico. Pregunto: ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en los últimos seis meses? ¿Cuántas otras personas que no son LGBT son asesinadas por ser quienes son? ¿Cuál es la discusión que no se da alrededor del tema de la violencia? Aun cuando yo creo firmemente que, en algunos de estos crímenes, al asesino se le hizo más fácil matar porque su víctima era homosexual, ello es diferente de cuando la gente se tiraba a la calle buscando un negro que linchar.

• Esta clase de legislación le da poder único al Departamento de Justicia para determinar qué es un crimen de odio. Me pregunto, ¿desde cuándo el Departamento de Justicia es nuestro amigo? Tan desesperados estamos de aceptación que estamos dispuestos a darle más poder al mismo Departamento que entrampa homosexuales en lugares públicos; llama a la prensa para que cubran sus redadas de homosexuales; responde a llamados de Morality in Media y cuanto grupo de derecha religiosa hay para cerrar nuestros espacios; hace campañas de dar multas de tránsito a carros estacionados alrededor de negocios de nuestras comunidades; todavía expresa públicamente que “nos buscamos los crímenes”; se lleva a trabajadoras sexuales en vanes con querellas fabricadas que muchas veces son imposibles de creer, pero que resultan en condenas gracias al trabajo en equipo de policías, fiscales y jueces.

De hecho, tengo que criticar que ahora también haya personas de nuestra comunidad que se reúnen con el FBI, que tan reciente como durante la presidencia de Bush, hijo, carpeteó, espió e infiltró grupos gay activistas en entero y legitimo uso de actividades políticas para denunciar al gobierno.

Sólo me resta destacar que las leyes punitivas siempre terminan afectando a las comunidades que pretenden proteger. Las leyes de crímenes de odio se utilizan más comúnmente contra minorías, como los negros y los inmigrantes. Este tipo de legislación, ha sido utilizada con éxito contra inmigrantes en California y contra trabajadores sexuales transexuales en Nueva York por policías blancos, para lograr agravantes en casos de resistencia de arrestos donde el uso excesivo de fuerza policial ha sido cuestionado y la víctima agredida ha expresado algún insulto con connotación racial al defenderse.

Puerto Rico se beneficiaría de una discusión que incluyera alternativas que actualmente producen resultados y tienen consecuencias más saludables y edificantes como son los esfuerzos por propagar modos de Justicia restauradora (“restorative justice”) en todos los espacios donde se cometen crímenes y abusos contra las personas incluyendo en las escuelas desde los primeros grados incluyendo y con buenos resultados los casos de “bullies”.

Mi eterno agradecimiento a Iván Figueroa Luciano quien concibió esta hermosa portada para el suplemento: